Chispazos de justicia
Por Rodrigo Chávez
El viernes pasado se dió a conocer en la conferencia de prensa del presidente que la Unidad de Investigación Financiera ha presentado una denuncia ante la FGR en contra de Enrique Peña Nieto por transferencias de 26 millones de pesos de parte de un familiar directo a sus cuentas bancarias al dejar la presidencia de la república.
Pablo Gomez, titular de la UIF dijo en conferencia de prensa que uno de los familiares directos del ex presidente había sido quien transfirió los fondos desde cuentas internacionales a Peña no sin antes dejar en claro que antes de entrar a la administración la familia de Peña Nieto había constituido dos empresas que se vieron beneficiadas de manera exorbitante durante su gestión.
Andrés Manuel se mantuvo un tanto ajeno al decir que no va a señalar a EPN hasta que la fiscalía decida judicializar el caso, es decir, hasta que no presente pruebas y remita el caso ante un juez mientras que Pablo Gomez asegura, de manera institucional, que hay motivos para creer que la procedencia de los recursos es ilícita lo cuál conllevaría a la posibilidad de que la FGR arme un expediente digno y pueda judicializar el proceso.
Hasta aquí todo parece una buena noticia sin embargo permítanme ser un grinch de la noticia, no es la primera vez que se intenta judicializar una causa con la que algún expresidente o alto mando de sexenios anteriores se ve involucrado sin que dichos procesos logren tener un buen término o al menos tener un expediente suficientes para conseguir justicia. Recientemente pudimos escuchar al fiscal general de la república sosteniendo negociaciones con el padre de Emilio Lozoya; implicado en el caso Odebrecht y responsable de desvío de fondos, diciéndole que no se preocupara y que todo iba a salir bien.
El trabajo de Santiago Nieto y de Pablo Gomez como titulares de la UIF ha sido excepcional, si bien Nieto era mucho más abierto y hasta cierto punto propagandístico con su gestión Pablo no lo ha hecho nada mal y el problema no radica en la UIF, que ha final del día es solo un instrumento de la SHCP para judicializar la entrada de recursos sospechosa. El problema y mayor enemigo de la 4T hasta el momento es Alejandro Gertz Manero.
No insinuó con esto que el trabajo del fiscal es una cosa menor o que podría hacerse de forma sencilla, nada que ver. Pero estoy convencido que si hay algo que debemos reflexionar sobre la gestión del gobierno en turno es la deuda de justicia. No se pudo proceder contra Salvador Cienfuegos, no se pudo proceder contra Emilio Lozoya y así hemos visto como la FGR no ha podido consolidar ninguno de estos bombazos que hubieran sido un gran highlight para la 4T.
Espero que esto pueda revertirse y que la FGR tenga la oportunidad pero sobre todo la voluntad política y jurídica de llevar a buenos términos este proceso, no se les pudo juzgar por vía de consulta popular, es turno de demostrar que las instituciones pueden ser conducto de la voluntad popular y que Gertz no es, cuando menos, un incompetente en uno de los puestos más claves del gobierno.
