Una propuesta de pena
Por: Jorge Kahel Ruizvisfocri Virgen
El martes pasado, la bancada del Partido Verde y un grupito de diputados de Morena presentaron una iniciativa de ley ante la Cámara de Diputados que despertó polémica: reinstaurar la pena de muerte en el sistema de justicia mexicano.
En una conferencia de prensa ofrecida ante medios nacionales, los firmantes de la iniciativa argumentaron que la propuesta es valiosa para los mexicanos porque, de acuerdo a un estudio de una universidad estadounidense, podría reducir los aberrantes índices de criminalidad que asolan al país.
Para muchos, esta propuesta es fajarse los pantalones y por fin poner orden en esta tierra sin ley ni dios a punta de pistola. Para otros es una idea vacua, que en lugar de aportar soluciones nos llena de ruido jurídicamente inviable, operativamente peligroso y sobre todo inútil.
La pena de muerte es una propuesta jurídicamente inviable debido a la progresión de los derechos humanos y a los tratados internacionales que México ha firmado y ratificado en torno a penas inusualmente crueles. Aunque tal vez sea una sorpresa para los diputados que elaboraron esta iniciativa de ley, los derechos humanos no pueden desconocerse una vez reconocidos; y el derecho a no ser castigado con la pena capital fue incorporado al sistema jurídico mexicano en 1989 con la firma y ratificación del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Destinado a Abolir la Pena de Muerte.
La pena de muerte también es una propuesta operativamente peligrosa porque pone en riesgo a todos los que entren en procesos penales. Un problema que aqueja a nuestro sistema de justicia es la fabricación de culpables para satisfacer el deseo que tienen las autoridades abusivas de castigar a los malandros. En Una Novela Criminal, Jorge Volpi, expone estos infames vicios: la justicia mexicana está plagada de montajes, inconsistencias, siembra de evidencia y uso sistemático de tortura para arrancar confesiones. En un mundo así la pena de muerte no será el terror de los criminales, sino el éxtasis de torturadores disfrazados de policía que podrán legalmente asesinar a quienes no pueden probar culpables.
Incluso fingiendo que México no ha ratificado instrumentos internacionales progresivos en derechos humanos y que estamos dispuestos a ignorar las ominosas consecuencias que vendrían, la propuesta de la pena de muerte no es una alternativa como política pública porque no resuelve el problema de la inseguridad. De entrada, no puedes disuadir con la amenaza de muerte a los criminales de este país porque para ellos la muerte es un riesgo ocupacional. Pero además, la evidencia existente señala que el problema de los altos índices de inseguridad tiene que ver más con la impunidad que con la severidad de los castigos.
En el estudio que citan los diputados para fundamentar su caso -y que sinceramente dudo hayan leído-, los autores señalan que hay tres variables que reducen la tasa de criminalidad en un lugar determinado: la probabilidad de ser arrestado, la de ser enjuiciado y la de cumplir la sentencia. Estás tres variables corresponden al proceso de procuración, administración y aplicación de la justicia, elementos actualmente inexistentes debido a la falta de capacidades institucionales de la Fiscalía General de la República para investigar y procesar los crímenes en este país.
Aunado a esto, existe todo un océano de bibliografía que muestra que no hay una diferencia significativa entre los lugares que aplican pena de muerte con los lugares que no lo hacen, porque el efecto de reducción de la criminalidad reside en la probabilidad constante de ser castigado más que en las amenazas de penas severas.
La pena de muerte no es una solución para los problemas en México, sino un acto publicitario barato y de mal gusto por parte de quienes lo propusieron. Sin lugar a dudas, se trata de una atrocidad cuyo efecto traerá más destrucción a nuestro país ya devastado por la violencia; pues lo inocentes que están a merced de los más de 100 asesinatos por día tendrán que cuidarse también de autoridades que podrán disponer de su vida como si se tratara de vil mercancía para desechar. El verdadero camino para reducir la violencia en México es otro: mejores policías y fiscalías; más investigación técnica y científica; un rediseño de los indicadores de evaluación de justicia y absolutamente cero impunidad.
