La lucha electoral que disparó el caos.
Por Jorge Kahel Ruizvisfocri Virgen
¿Sabes qué pasa cuando la seguridad se politiza? Tienes la trágica explosión de violencia que México ha vivido desde el 2007.
En el libro Votos, drogas y violencia: la lógica política de las guerras criminales en México, Sandra Ley y Guillermo Trejo plantean una hipótesis estremecedora para entender la explosión de violencia que ha vivido el país en los últimos años: La violencia en México es un fenómeno político, donde no hay un conflicto entre buenos y malos, sino un complejo entramado de relaciones de poder.
En diciembre de 2006, Felipe Calderón se encontraba en una situación complicada. López Obrador tenía tomada Reforma por los resultados de una elección cerrada y señalada de fraude, mientras que la oposición en el congreso prometía dar batalla campal a cada proyecto que intentara emprender su gobierno. Su gran plan fue unir al país en una cruzada contra la delincuencia organizada, dando a los mexicanos un motivo para olvidar rencillas políticas y unirse contra un enemigo común, malvado y peligroso.
Y también, castigando a los políticos de la oposición.
Ley y Trejo estudiaron la evolución de la violencia en México y su relación con la delincuencia organizada y los cambios políticos. Lo que encontraron fue que la guerra contra las drogas de Calderón ocasionó mayores o menores niveles de violencia en función de las afiliaciones políticas de los gobiernos estatales, pues los estados donde gobernaba la oposición perredista experimentaron mucha mayor violencia que los estados donde gobernaba el PRI y el PAN. El ejemplo más claro de este fenómeno se vivió entre los municipios fronterizos de Jalisco y Michoacán, pues a pesar que la zona es geográfica, cultural, económica y sociodemográficamente similar, los resultados fueron bastante dispares: el lado jalisciense experimentó menor violencia que el lado michoacano durante el gobierno de Calderon.
¿Cuál fue la diferencia central? Que el gobierno de Jalisco coincidió con el gobierno federal en ser parte del PAN, mientras que el gobierno michoacano pertenecía al PRD. Las siglas implicaron estrategias diferentes: El gobierno federal adoptó una estrategia de coordinación con el gobierno de Jalisco, mientras que adoptó una estrategia de confrontación con el gobierno michoacano, lo que destruyó la confianza y la capacidad de actuar conjuntamente.
Lamentablemente, este fenómeno se podría repetir. Ley y Trejo argumentan que la lógica política de la violencia en México tiene entre sus causas la falta de mecanismos para vigilar y exigir cuentas a los proyectos de seguridad. Hasta la fecha, carecemos de mecanismos para realizar auditorías ciudadanas a las policías, las procuradurías, las fuerzas armadas y sus apéndices; mientras que es imposible encontrar estrategias de seguridad con diseño basado en evidencias y abierto a evaluación. De hecho, es muy difícil encontrar proyectos que en el rubro de seguridad se articulen con una mínima teoría del cambio para explicar cómo piensan incidir y porque esa alternativa es mejor que otras. Mientras sigan las cosas así, la seguridad en México será un botín más de la política electoral.
