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A mi manera.

Pobres criminales.

Por: Jorge Kahel Ruizvisfocri Virgen.

En México, como en muchas partes del mundo, existe una tendencia a asociar la pobreza como causa fundamental del crimen. Dicha asociación parece lógica, pues los individuos en situación de pobreza tienen motivos económicos para delinquir. Sin embargo, esta asociación simplifica la realidad multidimensional del crimen y la violencia, que depende de factores sociales e institucionales para dispararse.

Para los fines de esta columna, utilizaré como indicador de violencia la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes publicada por INEGI, y como indicador de pobreza los datos publicados por Coneval sobre población en situación de pobreza.

En el año 2018, el estado con mayor pobreza era Chiapas, donde un 76.2 por ciento de su población se encuentra en pobreza. Sin embargo, en ese mismo año, Chiapas tuvo una tasa de homicidios de 12 por cada 100 mil habitantes, por lo que tuvo la sexta tasa más baja de homicidios. El segundo estado más pobre de México es Oaxaca, pues el 66.8 por ciento de la población en Oaxaca vive en pobreza. Sin embargo, la tasa de homicidios es de 21 por cada 100 mil habitantes, por lo que tuvo la onceava tasa más baja de homicidios en el país. Cabe destacar que ambas tasas también son inferiores a la media nacional.

El caso de Colima también arroja resultados interesantes. En 2014, el 34.3 por ciento de los colimenses se encontraba en situación de pobreza, cifra que disminuyó  a 30.9 por ciento en 2018. Sin embargo, las cifras de INEGI reportan que en 2014 Colima tuvo una tasa de homicidios de 20 por cada 100 mil habitantes, mientras que en 2018 la tasa fue de 98 por cada 100 mil habitantes. Esto significa que de 2014 a 2018, la pobreza se redujo casi un 10 por ciento, pero la tasa de homicidio aumentó en 490 por ciento.

Dicho de otro modo, que un alto porcentaje de la población esté en situación de pobreza no implica necesariamente un alto nivel de crimen y violencia, pues como muestran los datos, los dos estados más pobres del país tienen tasas de homicidio menores a la media nacional, mientras que Colima, en el periodo donde se ha reducido el porcentaje de la población en situación de pobreza también ha aumentado la tasa de homicidio.

Esta columna no implica que la pobreza no sea un factor que alimente la violencia y el crimen en México, pues incorporarse al crimen es una opción para salir de la pobreza de miles de mexicanos; sin embargo, la pobreza no es un factor determinante que orille a la gente al crimen, sino que otros elementos de tipo social juegan un papel fundamental para explicar porque las personas pueden decidir incorporarse o no al mundo del delito.

Una explicación más sólida para entender porque la violencia y el crimen han ido en aumento en México tiene que ver con la falta de estado de derecho y la ruptura del tejido social. En este sentido, los investigadores Carlos Vilalta y Robert Muggah, al estudiar la correlación entre tasas de crimen en la Ciudad de México e indicadores socioeconómicos, descubrieron que el mejor indicador para predecir la tasa del crimen tenía que ver con la ruptura del tejido familiar. Dicho estudio, titulado What Explains Criminal Violence in Mexico City? A Test of Two Theories of Crime señala que medidas enfocadas en mejorar el cuidado de infantes, el tiempo de calidad que padres pasan con hijos y los servicios de atención a madres jefas de familia podría tener impactos significativos para reducir la criminalidad en el mediano y el largo plazo, debido a que la familia es el primer núcleo socializador, y si este quiebra, también lo hace la posibilidad de interiorizar normas sociales y legales que permiten la convivencia pacífica.

Las medidas para reducir la criminalidad y la violencia en México serán insuficientes si siguen con el curso establecido por administraciones anteriores de guerra frontal contra el narcotráfico, o quedan atrapadas en una visión que considere a la pobreza como el factor determinante del crimen y la violencia, pues es necesaria una visión multidimensional que ponga de relieve la importancia fundamental del estado de derecho y la reconstrucción del tejido social como dos factores cruciales para mejorar la seguridad pública en México.

Fortalecer el estado de derecho y el tejido social implica generar esquemas que privilegien seguir las reglas que garantizan la paz social; y si no le apostamos a estos factores, no bastaran los apoyos ni las becas para reducir el crimen.

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