El estado y el crimen
Por: Jorge Kahel Ruizvisfocri Virgen
En México, la “guerra contra el crimen organizado” no existe. Lo que hay es una serie de problemas infinitamente más complejos, donde “los buenos” compiten y negocian el control de la violencia con los “malos”.
La detención en EEUU de Salvador Cienfuegos, quien fuera Secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Peña está siendo calificada como la prueba de que “el crimen organizado ha penetrado en el gobierno”, o que “del poder de la degradación neoliberal”. Sin embargo, estas narrativas ignoran que la violencia es una forma de poder que permite conseguir recompensas políticas y económicas, y eso es un incentivo fuerte para que los representantes del estado y los criminales estén en relaciones fluidas y dinámicas, aunque incómodas, de cooperación y conflicto.
Históricamente, México no ha tenido estrategias para reducir el crimen, sino mecanismos de control y cooptación criminal. La Dirección Federal de Seguridad, el militarizado servicio secreto mexicano de la era priista, además de reprimir a los enemigos del régimen se dedicaba a la explotación sexual, extorsión, homicidio por encargo, secuestros y protección al tráfico de drogas. Sergio Aguayo detalló en La Charola como la DFS daba a sus agentes “tres herramientas de trabajo”: Una pistola, una placa y una charola para cobrar los “cañonazos” a los criminales con los que lidiaban. No es extraño que de las filas de la DFS salieran los precursores de las organizaciones criminales que hoy suenan en las noticias, pues la institución estaba diseñada para ejercer violencia y sacar un beneficio de ella.
Las fuerzas armadas no han sido ajenas a estas prácticas. Guillermo Trejo y Sandra Ley han escrito en sus trabajos sobre violencia, drogas y política en México que las fuerzas armadas aprovecharon de su encomienda durante la Operación Cóndor para reorganizar el tráfico de drogas en la época de los setenta. La erradicación de drogas durante la época se terminó ejecutando de tal modo que no existía un objetivo de reducir los plantíos, sino de crear un sistema que incentivara una relación entre representantes del estado y el mundo criminal donde el estado tuviera la mejor parte en la negociación.
Así como en la extinta DFS y en las fuerzas armadas, las corporaciones de seguridad mexicanas han servido como mediadores de violencia, más que como instituciones que garanticen justicia, paz y orden. No es por nada que los cuerpos policiales se cuentan entre las instituciones con menores índices de confianza en México, o que la gente solía llamar “los judas” a los miembros de la policía judicial. ¿Pero por qué las instituciones de seguridad mexicanas son tan proclives a negociar y competir con el crimen e ignoran su obligación formal de ser garantes de la seguridad que merecemos los mexicanos?
Porque las instituciones de seguridad no cuentan con mecanismos adecuados de rendición de cuentas. No sabemos que sucede en realidad al interior de las fuerzas armadas, ni tenemos modo de evaluar externamente como realizan las tareas encomendadas. Con las fiscalías y las policías el problema es similar, pues no existen herramientas de contraloría social que permitan fiscalizar acciones y resultados desde fuera. Frente a los cuestionamientos, las instituciones de seguridad se escudan en la caja negra del “la seguridad interior”, la “seguridad nacional” u otros conceptos similares que permiten evadir preguntas. En esta opacidad, las instituciones de seguridad se inmiscuyen en la miríada de conflictos locales que asolan a México, y en lugar de brindar soluciones, asumen un papel que fragmenta e incentiva a asumir estrategias que profundizan la violencia.
Posiblemente, el panorama actual de violencia no va a cambiar si no desarrollamos mecanismos de evaluación independiente y externa para las fuerzas de seguridad mexicanas, porque los incentivos para aprovechar la violencia seguirán ahí, distorsionando el fin de proteger a la ciudadanía que deberían tener estos cuerpos. Esperemos que la entrada de Rosa Icela Rodriguez a la SSPC abran un espacio para incorporar la contraloría ciudadana, externa e independiente a las corporaciones de seguridad mexicanas.
