Regresión judicial
Por: Jorge Kahel Ruizvisfocri Virgen
Entre las sombras del avión presidencial y los chistes sobre diablitos y reelección, un tema crucial para México ha pasado desapercibido por la opinión pública: la posibilidad de una reforma judicial que termine algunos aspectos del actual sistema de justicia penal acusatorio.
Aunque las reformas aún no se han presentado abiertamente, el poco material que ha trascendido muestra implicaciones preocupantes para la justicia en esta nación. En un documento filtrado a la prensa con las supuestas reformas fue posible ver una regresión a prácticas de un pasado bárbaro que permitía la violación a los derechos humanos, el espionaje y el encarcelamiento arbitrario, mientras que en las conversaciones del fiscal con los diputados de Morena pueden verse las intenciones de terminar con la tipificación penal del feminicidio para volverla un agravante del delito de homicidio, en aras de una “mayor facilidad de judicialización”.
Está claro que el fiscal Gertz desea cambiar las reglas del juego a las que está sometida la fiscalía a su cargo para combatir de manera más eficiente al crimen, reducir la impunidad y terminar con la “puerta giratoria” de criminales que salen más rápido de lo que son consignados por las autoridades. Sin embargo, sus planes de reforma son contraproducentes para los logros en materia de justicia porque con tal de presumir una reducción de la impunidad está dispuesto a terminar con los candados del debido proceso y la presunción de inocencia; y además están condenados al fracaso porque parten de un diagnóstico equivocado de la situación.
La naturaleza del problema de justicia y seguridad en el país no se puede cambiar con decretos presidenciales o ajustes a modo propuestos por la fiscalía y solapados por los diputados porque no es de carácter legislativo, sino operativo; se trata de la falta de presupuesto adecuado para las fiscalías, la pobre capacitación del personal, la carencia de una carrera profesional policial, la nula cultura técnica y científica en el ejercicio de investigación policial y el desprecio por políticas públicas con rigurosos mecanismos de implementación y evaluación.
La realidad del país es que no tenemos corporaciones de justicia con las capacidades suficientes para hacer frente a los retos de inseguridad que atravesamos. Como señalan informes del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública datados al menos desde 2017, existe una carencia preocupante en el número de policías federales y estatales, pues de los dos policías por cada mil habitantes que se recomiendan en los estándares internacionales, la tasa mexicana es de 0.8 policías por cada mil habitantes; también existe una falta de preparación y confianza adecuada, pues solo 2 de cada 10 policías mexicanos están en condiciones de aprobar el Certificado Único Policial que acredita el grado de confianza, profesionalidad, preparación y aptitudes necesarias para la profesión policial; del mismo modo las academias encargadas de la formación policial se encuentran en condiciones tan paupérrimas que solo existen 6 instalaciones verdaderamente viables para preparar policías en todo México.
Estas cifras reflejan el cancerígeno mal que es la falta de inversión y cuidado en las fiscalías de este país, pues como me contó en confianza una colega practicante de una Fiscalía estatal, “los instrumentos son pocos y se encuentran empaquetados en bodegas, los laboratorios se convierten en archiveros porque los compañeros no saben darle uso y en general los pocos cursos de capacitación no se aprovechan, o se toman de mala gana”.
No tengo duda que el nuevo fiscal desea concluir las miles de averiguaciones previas, mandamientos judiciales, ordenes de aprehensión y carpetas de investigación que están pendientes de resolverse para dar justicia a los mexicanos, pero no es algo que va a lograr mediante una reforma que terminará con garantías procesales para los imputados. La gran tarea pendiente para los fiscales es implementar un modelo de política pública que fortalezca las capacidades operativas de la institución a través de profesionalización de los policías, y uso de las mejores prácticas científicas y tecnológicas en el combate al crimen. Los mexicanos merecemos un sistema de justicia que respete el debido proceso, la presunción de inocencia y que garantice nuestra seguridad mediante estrategias bien planeadas implementadas por fiscales y policías capaces y confiables.
