Los dilemas de la consulta popular
Por: Jorge Kahel Ruizvisfocri Virgen.
El primero de agosto, México llevará a cabo la primera consulta popular de su historia. La pregunta definida por la corte es una oportunidad para empezar procesos que nos permitan entender cómo pasaron algunas de las peores atrocidades del país y emprendamos procesos que fortalezcan nuestras instituciones para evitar que se repitan. Sin embargo, esta oportunidad podría perderse: La operativización del mandato popular podría devenir en un circo que no permita entender a profundidad algunos de los peores eventos de nuestra historia y nos impida implementar mecanismos para evitar su repetición.
La propuesta de la corte podría llevarnos hacia una especie de comisión de la verdad, instrumento que podría ayudarnos a esclarecer muchas tragedias cometidas por el aparato del estado. La consulta nos plantea si estamos de acuerdo en escrutar sobre decisiones políticas del pasado para garantizar justicia y derechos de las víctimas. En cierto modo, se trata de entender que sucedió en el pasado, reparar daños y diseñar mecanismos para garantizar la no repetición de las tragedias.
Estoy convencido que México necesita empezar un proceso de ese calado. La historia reciente del país ha estado atravesada por el uso indiscriminado de la violencia, de un modo que probablemente no alcanzamos a dimensionar. No hay duda de que las autoridades del periodo priista autoritario llevaron a cabo actos de represión y movilización ilegal de la violencia a través del aparato del estado: Hay indicios significativos de que el ejercito tiró personas al pacífico desde aviones militares durante la guerra sucia, las fuerzas de seguridad del estado se constituyeron en círculos de extorsión y agencias de protección de criminales, y se implementó una campaña de contrainsurgencia brutal contra el alzamiento zapatista.
Es importante esclarecer cómo y por qué pasaron estas cosas, porque sino repetiremos la situación tras la transición democrática: la falta de interés en entender los procesos de violencia institucional y la falta de incentivos en reformar para garantizar la no repetición crearon las condiciones para que la violencia subsistiera. Todas las ejecuciones extrajudiciales cometidas por aparatos de seguridad, la aparente tolerancia ante ciertos tipos de violencia y la capacidad de colusión de agentes estatales con actores violentos solo puede entenderse desde la existencia de mecanismos institucionales para gestionar la violencia y entablar acuerdos por debajo de la mesa.
Entender los mecanismos institucionales que en el pasado llevaron a represión y violencia estatal nos permitirán entender, por ejemplo, por qué elementos de la marina desaparecieron sistemáticamente a personas en Tamaulipas durante 2018, o por qué miembros del ejercito ejecutaron extrajudicialmente a los secuestrados sobrevivientes de aquel tiroteo en Nuevo Lardeo en 2020. Además, nos ayudará a entender los incentivos que tienen actores políticos y de las fiscalías para tratar de encubrir hechos de violencia y diseñar mecanismos para minimizar el riesgo de que se repitan.
Sin embargo, creo que la idea de las comisiones de la verdad no llegará: para nadie es sorpresa que el partido en el gobierno, y el mismo gobierno buscan enmarcar la consulta en tonos de “enjuiciar a los expresidentes”. Me parece que esa es una pésima decisión para poder realizar algo significativo por dos razones: es una reducción simplista de problemas estructurales y nos limita para pensar en formas de prevenir el daño. Además, los periodos enmarcados dejan fuera uno de los periodos de violencia estatal más importantes en la historia de México.
Es ilógico pensar que los presidentes lo saben todo y tienen control sobre cada aspecto en la implementación de las políticas. De entrada, el principio de información perfecta es una mala abstracción de lo que pasa en política: ni siquiera el presidente de la república tiene información exacta y detallada de qué sucede en cada decisión que se toma, o el modo en el que se operativizan ciertas decisiones. Probablemente, muchas formas de represión y movilización de la violencia surgen en escalafones medios y bajos, como decisiones “operativas” que se van diluyendo y llenando de eufemismos conforme se reportan hacia arriba en las cadenas de mando. Por otro lado, es posible que muchos funcionarios ni siquiera reporten varias decisiones que implican violencia o corrupción. Así, juzgar solamente a los expresidentes podría llevarnos callejones sin salida, pues podría ser que no estén enterados de detalles significativos de muchas decisiones.
En un segundo lugar, si nos centramos en los expresidentes, estamos obligados a aceptar que todo bien y mal emana de la silla del águila. En consecuencia, estaremos bastante limitados para crear frenos institucionales para la movilización de violencia por parte de actores estatales. Centrarse en los expresidentes limita nuestra capacidad de entender el fenómeno de la movilización de la violencia estatal, y por tanto limita nuestra capacidad para aprender de ella y establecer maneras para evitarla. ¿De qué servirá, por ejemplo, juzgar a los expresidentes para las víctimas de procesos de represión sistemáticos encabezados desde el nivel estatal o municipal? ¿O para las víctimas de procesos de represión realizados por marinos y militares, los cuales han tenido comportamientos transexenales?
En tercer lugar, está el periodo: la propuesta del juicio llega hasta Salinas, lo cual dejaría fuera esclarecer los terribles acontecimientos de la guerra sucia. El planteamiento que hasta ahora se ha hecho dejaría de fuera a todos los torturados, desaparecidos y ejecutados por el ejército entre los 60’s y los 80’s. También nos impediría analizar cómo se institucionaliza la represión y la violencia ilegal entre los cuerpos de seguridad, lo que nos robaría de la oportunidad para enfrentarla.
Por eso tengo un dilema con la consulta popular. Una parte de mí quiere salir y votar por el sí: se lo debo a las víctimas del pasado, torturadas y desaparecidas por los servicios de seguridad, arrojadas al mar en aviones del ejército y ejecutadas por disentir; pero también es mi responsabilidad con crear un futuro donde las atrocidades no se repitan. Sin embargo, otra parte de mí duda en salir a votar: ¿Qué pasa si el mandato se distorsiona y perdemos la oportunidad de entender qué pasó y aprender para no repetir? Corremos el riesgo de crear un circo que no nos traiga verdad ni nos permita mejorar.
