¿La legalización que necesitamos?
Por: Jorge Kahel Ruizvisfocri Virgen
El proyecto de legalización de la marihuana que recién se aprobó en la cámara de senadores parece un acierto que podría cambiar el sangriento curso de la guerra contra las drogas en México. Sin embargo, el proyecto tiene bastantes inconvenientes que podrían limitar su capacidad de hacer cambios significativos. En lugar de un proyecto que pudo acabar con la criminalización, establecer mecanismos para terminar con la siembra violenta de marihuana y generar un prometedor mercado impulsado por comerciantes nacionales, tenemos otro que mantiene la esencia del prohibicionismo y pone excesivas barreras a los productores locales.
La legalización de la marihuana, como está planteada, es una cosa bastante rara. Por un lado, se aumentó de 9 a 28 gramos el total de marihuana que puede portarse sin incurrir en una falta a la ley. Sin embargo, no se anularon los delitos de posesión simple de marihuana en los distintos ordenamientos legales y se añadieron multas que ascienden hasta 10 mil pesos si deciden que alguien porta entre 29 a 200 gramos. Un ordenamiento así no termina con las oportunidades que facilitan la criminalización y extorsión de los consumidores por parte de los cuerpos de seguridad, por lo que es una legalización que no resuelve el problema central planteada por la criminalización de las drogas.
El otro aspecto relevante que queda a medias con el dictamen es lo respectivo al comercio. Regular el comercio es una cosa excesivamente complicada, no solo por los dilemas al definir los métodos de distribución, sino por la compleja dinámica sociopolítica y sanitaria alrededor de la marihuana. Por un lado, cualquier regulación comercial de drogas debe minimizar el riesgo al que se exponen los usuarios, garantizando estándares estrictos de calidad, así como minimizar el daño y violencia alrededor de la producción a través de medidas que eviten prácticas como cultivos mediante trabajos forzados o producción por parte de grupos armados. Por el otro lado, es necesario reconocer que esas medidas significan barreras de entrada que dificultarían a los productores comunitarios acceder al mercado legal.
Este aspecto es particularmente relevante si consideramos la dimensión de los conflictos violentos mexicanos. Dada la política de criminalización, los estupefacientes que se adquieren en el mercado negro mexicano atraviesan en alguna de sus partes por procesos de violencia directa o indirecta, por lo que los proyectos de legalización deben esforzarse por reducir los espacios de violencia en la producción de drogas. Un punto de partida bastante relevante sería a través de programas e incentivos que permitan a los productores comunitarios incorporarse de manera competitiva, sea a través de estímulos, programas de asistencia técnica o un régimen especial adecuado a las necesidades del pequeño productor nacional.
Este proyecto de legalización, aunque parece ser un avance respecto al pasado, aún queda mucho por deber. La criminalización persiste y la falta de consideración por los pequeños productores podría reducir la capacidad de minimizar el mercado negro de marihuana en México. Los diputados aún tienen la oportunidad de hacer historia y mejorar el proyecto para que la regulación acabe con la criminalización y la sangre en los sembradíos.
