Un tema superado
Por Frida Barbosa
Llevamos años en discusiones y posiciones sobre cualquier suceso que surge a nuestro alrededor, habemos personas que intentamos siempre ser partícipes en los temas de coyuntura social, política y de participación ciudadana; lo cierto es que a veces los debates son superados porque hay organismos, instituciones y poderes del estado que se encargan de garantizar estos derechos de los que acostumbramos a debatir y ya es incluso innecesario abordarlos.
La interrupción legal del embarazo es un tema que nos ha superado, las posiciones a favor o en contra, ya no tienen cabida en las discusiones sociales, en mesas de análisis e incluso en los debates legislativos parece exagerado. Aunque sea necesario por la llamada “conquista de derechos”, observar debates legislativos en donde corresponde defender libertades, parece una burla. Es increíble observar a legisladores pronunciarse en contra de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres y personas gestantes con argumentos religiosos o de extrema derecha y con nula conciencia social y conocimiento de los entornos sociales, políticos y económicos en los que actualmente vivimos.
Los legisladores e incluso los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han dado ya muchos argumentos a favor de las libertades y de los derechos, no solo a la interrupción del embarazo, también a las sanciones a las que estamos sujetas por decidir sobre nuestros cuerpos. Se ha repetido incansablemente que las mujeres tenemos -o deberíamos tener- total libertad sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas y no ser sometidas a juicios o encarcelamientos si decidimos sobre ellos, se ha dicho también que las mujeres no decidimos embarazarnos y después abortar, como si de un pasatiempo se tratase. Las colectivas, activistas, académicas, abogadas, legisladoras y un sinfín de mujeres han repetido hasta el cansancio que se trata de un asunto público, que son políticas que se tienen que abordar del Estado, como garante de libertades, seguridad social y educación sexual, incluyendo la anticoncepción.
Si bien es información que no ha llegado a todos los oídos y no podemos dar por sentado que todas las personas lo han comprendido, no podemos seguir prestado palabras a oídos sordos, que se niegan a comprender que las mujeres somos y seguiremos siendo seres libres y que necesitamos protección y garantías por parte del Estado y eso no nos coloca en un plano de superioridad respecto de los hombres, al contrario, es reconocer que vivimos en una estructura patriarcal que nos sitúa en una gran desventaja, la mayoría de las veces, y es por ello que el gobierno, las instituciones y la misma sociedad en la que nosotras mismas nos desenvolvemos, está y debe estar comprometida a brindar herramientas que nos permitan desarrollarnos y convivir en libertad hasta en tanto cuanto no podamos gozar de la llamada “igualdad sustantiva”.
Nuestra misión como mujeres, hombres y personas pro derechos, es hacer llegar la información a los sectores que no han podido acceder a ella, pero también tenemos que saber reconocer que no es nuestra misión principal el convencer a la extrema derecha o personas conservadoras que enarbolan la moral ante cualquier progresividad de derechos. Es momento de reconocer que nuestra lucha debe ir siempre hacia abajo y a la izquierda, nunca con el objetivo de convencer a personas que nunca han padecido de las desigualdades económicas, sociales y académicas y por tanto, se encuentran imposibilitadas en comprender la posición a favor de los derechos, pues aun siendo legal o no, ellos siempre han podido hacerlo, incluso con la seguridad de ni siquiera pisar una celda.
Con la actual declaratoria de inconstitucionalidad de la criminalización a la interrupción del embarazo por la SCJN, el debate y la discusión se debe encaminar ahora en la legislación inmediata en cada una de las entidades federativas, no en si estamos a favor o en contra de que las mujeres actuemos como seres autónomos. Aunque las mayorías legislativas no nos benefician en algunos estados, debe ser una prioridad legislar al respecto y apartar el debate de las cuestiones morales, pues no se trata de agravios individuales a las personas que profesan alguna religión o abogan “por la vida”, se trata de un asunto público que trae aparejadas actividades como educación sexual y políticas públicas de seguridad social.
No podemos permitirnos retroceder, las y los legisladores, en conjunto con la sociedad civil, deben comenzar a encaminar la discusión y el trabajo hacia la legislación inmediata con base en la reciente declaratoria de inconstitucionalidad de la SCJN al artículo 196 del Código Penal del estado de Coahuila. Seguir discutiendo a favor o en contra de derechos es casi como discutir la legitimidad o no de la esclavitud: un tema superado.
Fotos tomadas de: manatimx, autoria de Daniel Chazari