Propuesta de paz
Por: Jorge Kahel Ruizvisfocri Virgen
Alfonso Durazo posiblemente saldrá la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) para competir como candidato a la gubernatura de Sonora por Morena. Quien sea su sucesor tendrá la oportunidad de impulsar nuevas estrategias para hacer frente al problema de violencia que devasta México. Una estrategia que se debería considerar con el cambio en la secretaría es implementar un programa nacional de tipo Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) para involucrados en la violencia mexicana.
En el país han proliferado grupos especializados en el servicio de actos violentos debido al estallido de diferentes conflictos locales entre grupos criminales, la falla de los mecanismos oficiales para garantizar justicia y resolver los conflictos de los habitantes en nuestras comunidades, y el relativo bajo costo de ejercer violencia en México. No solo se trata de personajes que ejercen violencia asesina, sino grupos que utilizan también violencia física para conseguir sus fines, sea extracción de recursos naturales, extracción de recursos a otros seres humanos, o negociación de pactos de impunidad a través de una combinación de amenazas a servidores públicos, sobornos y promesas de apoyo fallido.
Cuando hablamos de ellos, los convertimos en los otros, los no ciudadanos. La prensa y algunos medios culturales los retratan como individuos sin rostro que ejercen violencia con una crueldad propia de monstruos; mientras que aquellos que intentan mostrar su lado de la historia construyen sus identidades fetichizando su relación con las acciones violentas, ignorando que detrás del especialista, existe un ser humano. Está construcción socionarrativa ha permitido que se desarrollen estrategias de “cero tolerancia al crimen” que los despojan de sus derechos fundamentales; o de “abrazos, no balazos” que ofrecen supuestas alternativas para evitar caer en el ejercicio de la violencia, pero ignoran a quienes ya la ejecutan.
Es momento de empezar a implementar estrategias enfocados en recuperar a esta población que se especializa en el ejercicio de la violencia, si es que queremos construir un país más pacífico. Quien se niegue a aceptar, por coraje o rencor, que estos seres humanos también merecen atención focalizada, al menos tendrá que reconocer un argumento pragmático para hacerlo: los especialistas de violencia van a seguir replicando atrocidades en tanto no cuenten con programas enfocados en reintegrarlos plenamente a la sociedad.
Implementar un programa DDR implica planear una intervención que permita identificar a grupos que ejercen violencia mediante la vía armada y ofrecerles ciertas prestaciones, así como programas de atención médica, psicológica, de capacitación laboral y servicios de protección contra posibles represalias; todo ello a cambio de que entreguen las armas que usan y se comprometan a acatar distintas reglas diseñadas para garantizar su seguridad, la seguridad de la comunidad donde se reinserten y la no reincidencia en actividades delictivas. Además, la propuesta necesitaría acompañarse de un proceso para descubrir la verdad respecto al ejercicio de la violencia en México, y aclarar hechos violentos, desapariciones forzadas y asesinatos que actualmente se mantienen en la impunidad.
Está propuesta, que se ha implementado como un mecanismo para disminuir la violencia en guerras civiles, podría ser prometedora, pero se enfrenta a retos fuertes que se deben sustanciar para poder garantizar su viabilidad. En primer lugar, los programas de DDR se han implementado en contextos de guerras civiles y conflictos entre grupos armados con motivaciones políticas y cadenas de mando relativamente claras, por lo que se necesitaría desarrollar una metodología nueva que atienda a las particularidades mexicanas, lo cual implica forzosamente entender mejor las dinámicas de violencia que nos afectan; y todo eso implica destinar muchos recursos humanos y financieros a un proyecto cuya ruta no está clara.
En segundo lugar, un programa DDR podría tener un costo político elevado que la vuelva poco atractiva para los tomadores de decisiones. Sin duda, un programa DDR va a encontrar resistencia por parte de quienes consideran que el combate frontal es la única alternativa para resolver este problema, pero también podría haber resistencia por parte de miles de víctimas y familiares de víctimas cuya visión de justicia podría ser diferente a un proceso de perdón, paz y reintegración; y todas esas opiniones constituyen votos que podrían volver poco atractivo una estrategia que privilegie la reconstrucción del tejido social a través de atención a victimarios e incentivos para dejar la violencia.
