Impuesto al arrendamiento: una oportunidad para financiar el desarrollo en Colima
Por: Jorge Kahel Ruizvisfocri Virgen.
Colima tiene un problema de ingresos públicos significativos: con las distintas deudas a corto plazo que deben subsanarse y la baja recaudación fiscal que tiene el estado, existe un margen de maniobra financiera relativamente pequeño para poder implementar políticas públicas que financien el desarrollo del estado. Dadas las promesas de campaña de Indira Vizcaino, una de las probables soluciones que planteará su administración será implementar una política de austeridad para combatir el problema.
La política de austeridad podría ayudar a sanear las finanzas en el mediano y largo plazo, pero tiene un costo de oportunidad que podría ser significativo: dejar de financiar programas públicos para redirigir ese gasto hacia el pago de deuda y transferencias directas menos costosas, con el probable desenlace de despidos, reducción de programas con beneficios multidimensionales y reducción del bienestar general. Sin embargo, frente a la alternativa de implementar una política estricta de austeridad pública, la nueva administración podría decidirse por mejorar la recaudación estatal mediante impuestos progresivos.
Un impuesto que la gobernadora electa y la próxima legislatura podrían explorar sería el impuesto local al arrendamiento, pues podría proveer de recursos a las arcas públicas, probablemente no alterará las dinámicas de precios en el mercado de arrendamiento local y tiene un carácter progresivo que lo hace una medida deseable para corregir la desigualdad en el estado.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto del Hogar 2018 (ENIGH 2018), el ingreso por rentas en Colima fue de 53 a 105 millones de pesos en ese año. Dependiendo del tamaño de impuesto que se aprobara, las arcas estatales podrían recaudar desde 15 hasta 84 millones de pesos al año. En la siguiente tabla pueden verse los estimados de recaudación si se establece un impuesto que vaya del 2 al 8 por ciento sobre el valor de cada arrendamiento.
Asumiendo que el impuesto que se estableciera fuera del 8 por ciento, el gobierno del estado tendría presupuesto suficiente para financiar, por ejemplo, al Instituto Colimense de las Mujeres, al Centro para la Prevención de la Violencia Familiar, a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Colima, a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y a la dirección general del Instituto para el Tratamiento de Menores Infractores, considerando sus gastos de 2020. Otra alternativa sería fortalecer presupuestariamente a las instituciones del sector público relacionadas con la violencia contra las mujeres, considerando los terribles indicadores del estado. Con el impuesto más ambicioso podría generarse nuevos programas que mejoren la calidad de vida de las colimenses.
En segundo lugar, establecer un impuesto al arrendamiento no debería modificar sustancialmente las dinámicas locales de renta, por lo que no empeoraría el bienestar de la población arrendataria. De acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes, los contribuyentes tienen derecho a deducir de su pago de impuestos federales los impuestos estatales al arrendamiento, por lo que no tendrían una carga extra que pagar. Si los contribuyentes deducen el impuesto local de su contribución anual, no tendrían motivos para trasladar nuevos costos a las personas que rentan inmuebles, por lo que no se añadirían nuevos costos de vida a las personas que habitan casas en renta. Entonces, establecer el impuesto local no empeoraría la vida de nadie, sino que permitiría tener una participación más activa en las tareas de recaudación fiscal.
En tercer lugar, el impuesto al arrendamiento tiene un carácter progresivo, lo que permitiría mejorar la calidad de las personas en el estado. En Colima, el 20% de los hogares más ricos concentran la mitad de los ingresos por arrendamiento, por lo que existe una distribución desigual del ingreso por este concepto, tal y como se puede ver en la gráfica.
Los impuestos progresivos mejoran la calidad de vida de las personas porque permiten corregir las desigualdades y financiar programas para impulsar el desarrollo: dado que la concentración del ingreso por arrendamiento en los hogares más ricos, la mayor parte de la recaudación del ingreso por arrendamiento provendría de hogares que actualmente cuentan con buena calidad de vida, capacidad de financiar el ocio y ahorrar sin ver mermadas sus finanzas; y no afectaría a los hogares donde el ingreso es necesario para satisfacer las necesidades básicas. Como la recaudación de este impuesto proveería de recursos al estado, se podrían financiar servicios y políticas públicas que mejoren la calidad de vida de todos, sea reduciendo la violencia, aumentando la calidad de servicios públicos de los hogares que menos tienen o mejorando las condiciones de diferentes espacios comunes para las colimenses.
El impuesto local al arrendamiento podría ser una de las palancas que impulsen el desarrollo en el siguiente sexenio. Es una alternativa jurídicamente viable, es probable que no tenga impactos significativos en la dinámica de las rentas estatales, proveería de recursos al erario colimense y se podría implementar de una manera progresiva. En lugar de considerar una política de austeridad a rajatabla, la siguiente administración y nuestros representantes populares deben considerar mejorar la recaudación fiscal, y el ingreso por rentas podría ser una gran alternativa.
Nota: El código para reproducir los análisis de esta columna se encuentra en: https://github.com/Zatara13/impuesto_arrendamiento_Colima