Todo conduce a Calderón
Por Ángel Estrada
Es 31 de enero de 2010, y quién no quiere divertirse después de semanas de entrenamientos, tareas, trabajos, estrés… Llevas una vida académica de excelencia que seguro te colocará en una gran universidad, y de hecho, también eres un atleta prospecto de gran futuro, creo que mereces divertirte.
Así que te vas de casa, con permiso de mamá, por supuesto. Qué emoción que uno de tus compitas, de tus mejores amigos de la vida, vaya a festejar en grande su cumpleaños, ¡hay mucho qué festejar!
Y pues pasa el tiempo entre el baile, el calor generado por los pasos de medio centenar de tus amigos, y todo es increíble en ese espacio en donde, por un momento, no hay cuadernos, no hay cálculos, no hay uniformes deportivos ni entrenamientos desgastantes, solo tú rodeado de personas maravillosas, tal como tú.
Se acerca la medianoche, nada podría ser mejor que esa adrenalina de sentir la música alta vibrando por todo tu cuerpo, recorriendo tus sentidos y llevándote a lugares muy agradables llenos de luz y colores que surgen en tu cabeza cuando cierras los ojos para seguir escuchando, hasta que de pronto todo se oscurece.
En menos de 5 minutos la escena cambió, y ahora mismo, después de haber ordenado que mujeres y niños salieran, tus amigos y tú se encuentran rodeados por sicarios que les cuestionan la ubicación de presuntos vendedores de droga que, por supuesto, ninguno de ustedes conoce.
Y después de las detonaciones ya no hay nada, solo un montón de polvo, golpes secos de personas cayendo al suelo y ríos de sangre corriendo entre los canales del piso de azulejo; y quizá sólo te preguntas por qué, quizá orabas o recordabas a tu mamá, a tu familia, a tu novia, quizá sentiste frustración, y lentamente cerraste los ojos.
La masacre de Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, evidenció no solo el rotundo y vergonzoso fracaso de la estrategia de seguridad de Felipe Calderón, sino también la complicidad del gobierno de Barack Obama. Ambas administraciones comparten, pues, la responsabilidad de la muerte de cientos de miles de mexicanas y mexicanos inocentes, entre ellos, por supuesto la de 11 estudiantes que solo se divertían en una fiesta de cumpleaños y 4 padres de familia que acudieron de inmediato al escuchar la balacera.
Pero culpar a las víctimas siempre será lo más fácil para las autoridades. Al día siguiente, todavía con los charcos de sangre deslavada corriendo por la calle y decenas de agujeros de bala por doquier, desde Japón, Felipe Calderón se refirió a la masacre con una frivolidad desconcertante para un mandatario, asegurando que “se debió a un ajuste de cuentas entre pandilleros”. Con esto el ex presidente revictimizaba a las de por sí muy lastimadas familias y trataba de justificar el hecho como un simple desquite entre grupos criminales, dejando en claro que para su administración la defensa de la vida, dignidad y seguridad de las personas se limitaba a un asunto cupular, quizá con fines oscuros; vaya, el derecho a una vida digna convertido en privilegio. En pocas palabras, que mueran los que tengan que morir.
Como prueba de ello, y como supuesta respuesta frontal al crimen organizado, en 2009 la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos diseñó un operativo en colaboración con las autoridades mexicanas, mismo que consistía en comprar y trasladar a México de manera ilegal cerca de 2 mil armas de fuego con chips, con el fin de que fueran comercializadas y operadas por miembros de grupos criminales y así poder rastrearlos e ir recuperando progresivamente el armamento. En otras palabras, parecía que el plan consistía en que entre grupos criminales se despedazaran cual carnicería, para entonces poder arrebatarles las armas vigiladas a los cadáveres
Este operativo lleva por nombre “Rápido y Furioso”. Entró en marcha el 31 de octubre de 2009. Apenas tres meses después, el 31 de enero de 2010, ocurría la masacre de Villas de Salvárcar, donde se presume que el armamento utilizado para tan monstruoso crimen tenía relación con el operativo, es decir, se señala que al menos 3 armas utilizadas esa noche eran parte del cargamento de más de 2 mil armas que el gobierno mexicano permitió ingresar al territorio.
Desde luego que este operativo lo único que logró fue intensificar aún más la violencia en la de por sí resquebrajada vida pública de habitantes de cientos de pueblos y comunidades del país, que desde 2006, cuando Calderón declaró la guerra al narco, han tenido que enfrentar desplazamientos, auto exilios, robos, asesinatos, desapariciones, balaceras, extorsiones y un largo etcétera.
Pero no fue sino hasta meses después que desde Estados Unidos, diversas dependencias y autoridades comenzaron a cuestionar la efectividad y éxito del operativo, cuando en diciembre de 2010 fue asesinado el agente fronterizo Brian Terry, haciendo uso de dos rifles de asalto relacionados a “Rápido y Furioso”. Ante ello, finalmente el Departamento de Justicia informó a legisladores de aquel país que la ATF había permitido el ingreso de cerca de 2 mil armas a México de forma ilegal. Desde ese momento diversos funcionarios estadounidenses, incluso de la propia ATF, así como el entonces fiscal general, Eric Holder, reconocieron que el operativo fue concebido y ejecutado de forma incorrecta desde su origen…
Como efecto cascada, en México también se comienza a hablar del asunto, aunque en menor medida. Se estimaba que para febrero de 2011, en el país había unas 1961 armas vigiladas, pero solo 710 recuperadas hasta entonces. No es poca cosa hablar de más de 1900 armas de fuego en circulación, a disposición del crimen organizado, prácticamente obsequiadas por los gobiernos mexicano y estadounidense, además de las miles de armas que originalmente ya circulaban por territorio nacional.
¿A quién se le ocurrió que era una buena idea?
Cuando el conflicto escala en suelo gringo, el entonces Fiscal general de los Estados Unidos, Eric Holder, es llamado a declarar ante el Comité Judicial del Senado, donde se le ordenó entregar toda la información relacionada al operativo “Rápido y Furioso” a finales de 2011. Pero en 2012, en medio de un proceso electoral donde se buscaba la reelección, Barack Obama impide que Holder cumpla con lo requerido, haciendo uso por primera vez del llamado “privilegio presidencial”, algo así como nuestro “decreto presidencial”.
Y pues con ello se cayeron las posibilidades de conocer la verdad de primera mano sobre todo lo relacionado al operativo, considerando que hay muchísimas dudas al día de hoy.
Afortunadamente en México se comenzaron a tomar cartas en el asunto, y existen procesos abiertos contra funcionarios públicos que permitieron esta barbaridad durante la administración de Calderón, y hay que ser muy claros, su responsabilidad no es menor. Todos ellos cargan en las manos la sangre de cientos de personas desarmadas que fueron asesinadas haciendo uso de este armamento. Insisto, no es cosa menor.
La Fiscalía General de la República recientemente señaló a 7 presuntos responsables, entre personajes y funcionarios de alto nivel supuestamente implicados en estos hechos, pero solo dio a conocer el nombre de 3: Se trata de Genaro García Luna, el súper policía de Felipe Calderón, su mano derecha, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública, y hoy procesado en un penal de máxima seguridad de Estados Unidos por conspiración, aceptar sobornos del Cártel de Sinaloa (lo cual habría permitido el tráfico libre de cocaína y otras drogas) y declaraciones falsas; también está señalado Luis Cárdenas Palomino, ex mando de la Policía Federal durante la administración de Calderón, muy cercano a García Luna también, y procesado en un penal federal en México acusado de tortura contra cuatro personas, durante los hechos relacionados a la ciudadana francesa Florence Cassez; y por último, la fiscalía acusa al propio Joaquín “el Chapo” Guzmán.
Hay un cuarto procesado, de quien se conoce por azares del destino, ya que fue detenido al arrollar a una persona en la Ciudad de México. Se trata del primer detenido por el caso “Rápido y Furioso” en nuestro país, un ex comisionado de la Policía Federal llamado Facundo Rosas Rosas, amigo y estrecho colaborador de García Luna. A él se le señala por homicidio culposo, al ser partícipe, señala la fiscalía, de la introducción del armamento a nuestro país.
Hace 10 años, doña Luz María Dávila, madre de dos de los jóvenes asesinados en Villas de Salvárcar se plantaba de cara ante Calderón y su esposa, Margarita Zavala, y con justa razón le reclamaba: “Yo quiero que se haga justicia, no nada más para mis dos niños, sino para todos los demás niños. Yo no puedo darle la mano y decirle ‘bienvenido’, porque para mí no es bienvenido”.
A más de una década, la justicia sigue siendo una bandera sin alcanzar sobre este y otros muchos casos de masacres cometidas bajo el cobijo y complicidad del estado mexicano de los tiempos de Calderón.
Conocemos al día de hoy a cuatro de las siete personas acusadas por la FGR por el operativo Rápido y Furioso, ¿quiénes son las otras 3 personas implicadas?
A veces es divertido especular, y por cómo se mueve el tablero, por cómo se reparten las cartas y por cómo se mueven las aguas y los vientos de los últimos años respecto a este tema, todo parece seguir un mismo camino, y llevar a una misma persona.
Seguramente pronto veremos a Felipe Calderón en prisión, con suerte, y nadie lo merece más que él. El sufrimiento que causó en lo más profundo de la sociedad mexicana, y que a la fecha sigue presente, no puede tener olvido, no por las decenas de miles de víctimas de su absurda y cruenta guerra que, hoy sabemos, solo fue pretexto para empoderar al Cártel de Sinaloa. ¿La seguridad de las y los mexicanos? Bah…
