Derechos a bajo costo
Por Rodrigo Chávez
La salud es un derecho humano, es decir, un derecho del que por el simple hecho de ser personas y de estar vivxs debemos gozar, la ONU lo reconoce como uno de los derechos fundamentales para el desarrollo de la vida y en México, como uno de los países que suscriben la carta de la declaración de los derechos humanos es un derecho que está protegido por la constitución que en el artículo cuarto dice “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud” y como tal es una obligación del Estado proporcionar los servicios de que la población requiera de manera gratuita y con la mejor calidad y disposición posible.
Esto, desde luego que es un tema complejo pues históricamente el sistema de salud ha vivido un proceso de desmantelamiento en el que a través del desvío o los malos manejos del sector público se ha procurado la imposibilidad de cumplir con las obligaciones del Estado y, al mismo tiempo, de generar un ambiente de apatía o de antipatía hacia los servicios públicos de salud. No es casualidad que con el descuido al Instituto Mexicano del Seguro Social proliferaron, como si de una plaga se tratara, los consultorios del doctor Simi.
Quienes profesan la doctrina del liberalismo económico o quienes simplemente son mercaderes del dolor van por la vida con el mismo argumento “nada es gratis, un servicio de salud gratuito se paga con mis impuestos” pues sí, Ruben. Es cierto, el servicio de salud universal se paga con tus impuestos cómo se paga con los míos como se paga con los de la señora de las quesadillas, el punto es precisamente que si todos aportamos entonces todos podemos tener un tratamiento digno, una atención adecuada y una buena calidad de vida. ¿No te parece maravilloso?
Pues aunque suene sumamente absurdo hay personas que creen que no debería ser así, que solo quienes tienen acceso a una buena remuneración deben tener acceso a la salud, como si la salud fuera un producto de lujo, como si de verdad alguien en México (a excepción de las 7 familias más ricas) pudiera realmente pagar el costo de la salud. Hay quienes anhelan tanto el modelo estadounidense que se ciegan ante las inminentes bancarrotas que deja al año el sistema de salud norteamericano.
Y uno podría creer que este problema no puede ser tan malo, habría que esperar a que estas personas recapaciten vía empírica y con eso nos bastaría para valorar el IMSS y el ISSSTE, Los hospitales y clínicas del Estado. Pero no, el problema se exacerba cuando estas ideas son impulsadas y solapadas desde las personas que están en algún cargo de representación popular, este es el caso de los alcaldes panistas Santiago Taboada y Lía Limón.
A comienzo del mes el alcalde panista Santiago Taboada y el diputado y compadre del mismo, Christian Von Roe, anunciaron con bombo y platillo la solución al Covid-19 en la demarcación Benito Juárez, una idea digna de Javi Noble “¿Y si en lugar de gestionar más kioskos y pruebas gratuitas para poder abastecer a la población comenzamos a vender las pruebas y les decimos que es a bajo costo para que no suene mal?” Y ¡PUM WEY!, lo hicieron. Violando su responsabilidad como representantes de Estado emprendieron un negociazo.
Pese a los señalamientos que se hicieron sobre lo poco ético e incluso lo ruin que resulta que, siendo una autoridad, la solución más fácil haya sido montar un negocio hubo quienes siguiendo las lógicas de mercado y cegados por un falso sentimiento aspiracionista de clase salieron a defender el negocio del alcalde. Algunos argumentos se limitaban a un clasismo abierto diciendo que si no podían pagar que no se tuviera envidia o que simplemente no podíamos quejarnos de esta medida porque el mercado estaba regulando la necesidad de cubrir la demanda (como si no fuera una medida de Estado).
Pero obviamente la gente dentro del PAN CDMX no iba a dejar escapar la oportunidad de ampliar sus sucursales, perdón, sus acciones de gobierno y expandirlas dentro del eje que dominan, así fue como esta semana la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón decidió volverse franquiciataria del dolor y la preocupación e implementar la misma medida, poner kioscos alternativos de pruebas Covid-19 a “bajo costo”.
Obviemos, de momento, todo lo que está mal con esta medida a nivel político, jurídico, moral y ético, concentrémonos en lo que motivó realmente esta medida, el dinero. ¿Cómo es que el señor Taboada y la señora Limón pueden considerar de “bajo costo” su negocio si en la alcaldía Benito Juárez la prueba cuesta $320 pesos, la nasofaríngea porque ha sido repetido hasta el cansancio que la prueba de sangre es inútil, y en la alcaldía Álvaro Obregón la prueba cuesta $250 pesos? El salario mínimo, ya contemplando los históricos aumentos que la administración federal ha hecho, es de 172.87 pesos al día.
Bajo ninguna circunstancia podemos considerar como “bajo costo” algo que cuesta más de 8 horas de trabajo y en el caso de Benito Juárez dos días enteros de jornada laboral. Ni siquiera como una medida de “ayuda a bajo costo” es viable o razonable la propuesta de negocio que Lía y Santi han montado con el mal uso del poder que la ciudadanía les confirió hace apenas 100 días.
EL neoliberalismo nos hizo creer y asumir que todo es un producto y que como tal podemos lucrar, vender, comprar o intercambiar absolutamente todo por bienes o por dinero, así fuimos cediendo espacios a la educación privada que cada vez se vuelve más popular y menos regulada mientras se ataca a las instituciones públicas, la comida, la nacionalidad y en este caso la salud.
No podemos eximir al Estado de sus responsabilidades, recordemos que, nada ni nadie está por encima de la constitución y que toda persona en la administración pública jura guardar y hacer valer la constitución como carta magna. Dentro de este entendido no podemos ni debemos justificar que entrecerrando los ojos e ignorando el mandato constitucional se monte un negocio que tiene como propósito el enriquecimiento a costa de la desesperación y el dolor de las personas.
Cuando permitimos o justificamos que alguien compre o venda un derecho humano fundamental nos acercamos peligrosamente a la idea de renunciar a ellos y legitimamos la terrible desigualdad que tantas vidas ha cobrado en esta pandemia. Ver como aplaudible el cobrar para que el Estado cumpla sus tareas es una forma de someternos y de, poco a poco, ir cediendo terreno para perder derechos cada vez más grandes. La salud, la educación y la alimentación son cosas que no deberían estar sujetas al mercado. Los derechos no se venden, aunque nos lo quieran dar “a bajo costo”.
