El poder de los militares políticos
Por Jorge Kahel Ruizvisfocri Virgen
Los militares se están convirtiendo en el verdadero poder político mexicano, y estamos asistiendo silenciosamente a ello.
El 14 de octubre, Jorge Medellín publicó en Campo Marte un documento en el que se detallan algunas estrategias para que la SEDENA asuma el control total de la Guardia Nacional, entre las cuales destacan reemplazar al personal civil que realiza labores de protección de caminos, crear grupos de investigación e inteligencia en las unidades de la Guardia Nacional desligadas de la Fiscalía General de la República, y asumir funciones de investigación policial.
Este documento, sumado a un memorando filtrado el 9 de octubre en el que se señala que la SEDENA ya tiene el control de la planificación de operaciones y manejo de recursos humanos y materiales en la Guardia Nacional, nos habla que las fuerzas armadas consolidan aún más su poder político en el país.
En cierto modo, este país siempre ha sido un país sustentado en el poder de sus generales y almirantes. Históricamente, las fuerzas armadas han ejercido funciones que van más allá de lo que les permite la constitución, esto sin encontrar mucha resistencia por parte de los civiles en el poder. Han sido gobernantes, cuerpos de espionaje, legisladores, mandos policiales, servicio de protección civil y anfitriones del concurso de dibujo con mayor continuidad en la historia de México. Sin embargo, aunque ejercen funciones extra constitucionales, los políticos civiles nunca los desafiaron porque existían cotos de poder delimitados donde unos y otros existían sin robarse funciones: los civiles administraban, grillaban, realizaban el trabajo político y no cuestionaban lo que hacían los militares, mientras que los militares reinaban sobre la seguridad interior, la seguridad militar, juraban lealtad al gobierno civil y actuaban como el brazo armado del gobierno civil ante las amenazas políticas significativas, como sucedió durante el 68, la guerra sucia, y la contrainsurgencia contra el EZLN.
Pero la militarización del país cambió en 1996. Después de que la Suprema Corte declaró constitucional la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, empezó la apropiación militar de espacios que les habían estado vedados formalmente, y con ello empezó la adopción del pensamiento militar para afrontar los retos que tiene México. Fox, Calderón y Peña Nieto convirtieron a los militares en los policías adjuntos de la nación, que cada vez se volvían más imprescindibles porque los verdaderos cuerpos policiales quedaban en el olvido, sin inversión en profesionalización y capacidad de resolver problemas.
Con López Obrador la tendencia de la militarización se ha profundizado, en modos que no se habían alcanzado antes. Si los presidentes anteriores hicieron a las fuerzas armadas policías adjuntos, López Obrador está permitiendo que se conviertan en la policía oficial del país, pero también que sean constructores, administradores de puertos y aduanas, distribuidores de medicamentos y una institución con suficiente capacidad política para anular el mando civil de la Guardia Nacional.
Esta militarización no solo es problemática porque viola los artículos 21 y 139 constitucional, así como el propio acuerdo que López Obrador firmó para permitir la cooperación de las fuerzas armadas con la Guardia Nacional, sino porque no es una solución a los retos de México. Las fuerzas armadas son instituciones para combatir enemigos, no para resolver problemas, por lo que su adquisición de poder político significa que preponderará su visión en el diseño de la política pública. Si el poder político de las fuerzas armadas sigue aumentando, las propuestas donde se busca combatir a la delincuencia serán más lógicas que los proyectos para atender los disparadores de violencia, los enfrentamientos contra el crimen serán más lógicos que el fortalecimiento de las instituciones que brinden justicia, y será más lógico abatir, encarcelar y castigar que prevenir, mediar y reintegrar.
