Maniobras suicidas
Por Rodrigo Chávez
El caso de Salvador Cienfuegos ha dado un repentino giro inesperado. Si bien difiero de la narrativa estadounidense al respecto del narcotráfico como ente único y hegemónico de la violencia en México, jamás habría llegado a imaginar que el gobierno federal gestionara desde la Secretaría de Relaciones Exteriores una solicitud de retiro de cargos, suena incluso bastante incómodo que exista una obstrucción a un proceso de justicia por parte del Estado mexicano.
El día de ayer en la conferencia mañanera Marcelo Ebrard rindió una declaración que intenta dar explicación a lo sucedido; en esta conferencia todo pareciera indicar que el problema principal es la violación de los tratados internacionales en el caso Cienfuegos, pues los estadounidenses detuvieron al narcogeneral sin dar aviso al Estado mexicano y sin haber presentado una acción conjunta que pudiera servir como antecedente para que la relación bilateral no se viera afectada.
Cienfuegos enfrentaría en EE UU cargos por delincuencia organizada, narcotráfico y lavado de dinero, acusaciones que el día de ayer fueron retiradas por petición del gobierno federal para poder iniciar indagaciones y proceso en México. La decisión unilateral de la DEA y la CIA en el caso Cienfuegos disgustó al poder federal con cierto grado de validez, pues, en efecto, existió discrecionalidad y se cayó en una zona muy ambigua al respecto de la cooperación de seguridad de ambas naciones.
El problema no está en que el Estado mexicano solicitara la reposición del proceso en territorio nacional o en que la contraparte estadounidense haya concedido; el problema más grande de anteponer la soberanía nacional y el respeto íntegro de dichos tratados es lo peligroso que este movimiento puede resultar para la 4T y el propio sistema nacional de justicia.
Como se ha sostenido en este espacio, y en algunos otros de la Revista Columnas, uno de los mayores problemas que enfrenta el país es la impunidad, un sistema jurídico vencido y corrompido hasta la médula, cooptado por viejos amigos del régimen priísta y panista con deudas políticas casi impagables, los amigos de los que viven del saqueo son los que hoy sentencian en los más altos tribunales de este país, el poder judicial tiene todo menos “neutralidad política”, y es aquí en dónde los pequeños triunfos de la oposición partidista podrían surgir cierto efecto nocivo para la sociedad mexicana.
A comienzos del sexenio se planteó con fuerza la necesidad de limpiar el Poder Judicial de la Federación de jueces y personas corruptas con afinidades políticas bien conocidas, no obstante, los actores políticos de los viejos partidos salieron a defender “la división de poderes”, como si buscar acabar con la impunidad rompiera con dicha separación. Sin duda se saben dueños de las cortes y conocen bien el riesgo inminente que perderlas significaría, ¿que ha de ser de nuestros pobres políticos corruptos ante la desnudez del amparo legal que les asegura la impunidad?
La oposición ganó esa batalla, pero hasta el momento no había sido realmente relevante, pero eso acaba de terminarse. La solicitud de absolución de la justicia estadounidense pone sobre los hombros del sistema jurídico nacional el juicio y la justicia sobre Salvador Cienfuegos.
La justicia norteamericana lleva diez años armando este caso, será sin duda una investigación robusta y suficiente para llevar a cabo un proceso con relativa facilidad que debería, en teoría, terminar con el narco secretario en prisión. Esto, por supuesto, suponiendo que sus amigos en el poder judicial tendrán la capacidad de juzgarlo conforme a derecho y no conforme a la deuda de los cargos que bajo el cobijo de Peña se fueron obsequiando a sus secuases.
Uno de los mayores problemas a resolver sobre la posible detención y juicio de Cienfuegos es si será reclamado desde el fuero civil o el fuero militar, recordemos que es en los tribunales militares en donde se absuelve a los soldados que ejecutan extrajudicialmente a los civiles y que dentro de estos tribunales la lealtad a la figura de Cienfuegos es bastante reciente, por lo que podríamos pensar que, de ser reclamado por el fuero militar, el narco secretario no solo obtendría impunidad sino que sería cínicamente bien recibido en su propio órgano.
Pese a las explicaciones dadas por el gobierno federal, me parece un tremendo error haber iniciado este proceso que podría complicar un proceso jurídico dentro del territorio nacional. Comprendo la imperiosa necesidad de evitar que el asunto pase desapercibido por las implicaciones en materia de política exterior que esto podría acarrear, sin embargo me hubiera parecido más apropiado y seguro haber iniciado un proceso de investigación (solicitando las pruebas correspondientes) mientras la corte neoyorquina seguía su proceso, y posteriormente solicitar la extradición del general ya con una celda esperando en Almoloya. Se hubiera podido aminorar la especulación y sobre todo se habría cumplido el objetivo de reforzar la confianza en las instituciones jurídicas mexicanas sin poner en riesgo un proceso de vital importancia.
Andrés Manuel trató de instar a la confianza en las instituciones del Estado y aseguró que no existirá la impunidad, como si en este caso en específico existiera la posibilidad. Las acciones del gobierno actual son una maniobra bastante osada, en aras de la soberanía se han puesto sobre los hombros el peso de un proceso judicial clave en el combate a la delincuencia que de no salir bien no solo minaría aún más la confianza en el sistema jurídico, sino que se llevaría con ello la legitimidad del Estado al hacerlo ver como incapaz de enjuiciar a un delincuente con las pruebas establecidas y el caso completamente armado.
Pero, si esto sale bien entonces podremos recuperar un poco de confianza en las instituciones nacionales como dijo el propio Andrés, si la Fiscalía logra armar un buen caso y sostenerlo en los tribunales y si el poder judicial se comporta a la altura podríamos ver por primera vez a un alto mando político-militar tras las rejas, y con ello, por fin, trazar una ruta distinta y muy distante de lo que ha sido la justicia para quienes somos civiles comunes en este país. Que Cienfuegos vaya a la cárcel en México con un proceso mexicano, y sea el poder judicial quien dicte la sentencia, sentaría entonces un precedente importante; los casos de 1968, de Acteal, del EZLN, los 43, Tlatlaya, Monterrey y las miles de víctimas de ejecución a manos de elementos de las fuerzas armadas podrían comenzar a obtener una justicia real, no un castigo castrense dentro de la misma institución.
Hay mucho más en juego con el caso Cienfuegos que la libertad de un narco secretario. Es una deuda histórica del Estado y del poder judicial para con los ciudadanos que han muerto en manos de esta institución, va de por medio la presión internacional y la posibilidad de una reivindicación del poder judicial para demostrar que la justicia en este país existe...
Hay tanto en juego que no podemos considerar un error la solicitud de llevar el proceso jurídico en México, al menos hasta que el poder judicial y el poder ejecutivo puedan anotarse un gran gol, o como bastantes veces hemos visto, terminen decepcionando y con ello la desesperanza en los sistemas propios del Estado sea irreversible.
