En 1994, el gobierno de Guadalajara terminó de adquirir los terrenos en los que se suponía se ubicaría un parque metropolitano que tendría dos propósitos: que los ciudadanos tuvieran acceso a espacios verdes y que este sirviera como zona de amortiguamiento por su cercanía con la Barranca de Huentitán.

 

Sin embargo, la historia no tuvo un final feliz. En 2007, durante el gobierno del panista Alfonso Petersen, se estableció un convenio con la empresa Mecano, que durante la administración municipal de Enrique Alfaro cedió los derechos a la Hotelera Salamanca, y esta a su vez vendió a Hoteles Riviera, empresa que planea desarrollar el proyecto Distrito Iconia.

 

El megaproyecto constará de 18 edificios, un centro comercial, una arena de eventos, un hotel y un museo. Para que el proyecto avanzara, se realizó el cambio de las licencias de uso de suelo sin tomar en cuenta la opinión de los ciudadanos y el impacto ambiental que esto tendría, pues el predio colinda con el Área Natural Protegida Barranca del Río Santiago.

 

Las repercusiones se traducirían también a hundimientos y desabasto de agua, ya que las tuberías de la zona no sirven y se rompen, lo que provoca fugas que el Siapa ha tardado días en resolver. Sin embargo, en absoluto contraste con la problemática que enfrentan los vecinos, el Siapa resolvió entregar la factibilidad para el desarrollo inmobiliario.

 

El 29 de marzo, un grupo de estudiantes de la Universidad de Guadalajara, activistas y vecinos, decidieron tomar el predio e instalar un campamento al que llamaron Parque Resistencia Huentitán con la finalidad de proteger la zona mientras obtenían un amparo para detener la construcción de Iconia.

 

Durante los meses de resistencia, los jóvenes pasaron días y noches enteras en el predio con una organización sin precedentes; presentaron recursos legales para detener el despojo; plantaron y cuidaron más de 750 árboles con la intención de reforestar; organizaron cursos de verano, y lograron captar la atención de medios de comunicación y autoridades.

 

La madrugada del jueves el campamento fue desalojado con uso excesivo de la fuerza por antimotines, policías municipales y elementos de la Fiscalía del Estado vestidos de civiles y portando armas largas. Los estudiantes infieren que les pidieron datos personales, les tomaron fotografías y les amenazaron con desaparecerlos.

 

Enrique Alfaro se pronunció al respecto y, como era de esperarse, una vez más criminalizó a los jóvenes y catalogó lo ocurrido como “grilla y ruido que pretende someter al gobierno del estado”, por lo que una vez más le digo: disculpe las molestias, señor gobernador: los jóvenes jaliscienses somos la resistencia.